JOSE CARLOS OLIVERA TEMOCHE
JURISPRUDENCIA | BIBLIOTECA | JOSE CARLOS OLIVERA TEMOCHE
JOSE CARLOS OLIVERA TEMOCHE
     
   
Imagen
 
imagen
ACTO JURIDICO EN EL PERU
El acto jurídico es el hecho, humano, voluntario o consciente y lícito, que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El acto jurídico produce una modificación en las cosas o en el mundo exterior porque así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico.

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico.

Los actos jurídicos son positivos o negativos, según que sea necesaria la realización u omisión para que un derecho comience o acabe respectivamente.

Con referencia a la formalidad del acto jurídico; es el conjunto de las prescripciones de la Ley, respecto de las solemnidades que deben ser observadas al tiempo de la formación del acto jurídico.
   
 
JURISPRUDENCIA DEL ACTO JURIDICO
EL ACTO JURÍDICO A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA



I. INTRODUCCIÓN



¿Recuerda usted cómo se sintió cuando acabó el curso de Acto Jurídico?. En verdad, importaba poco si uno haya aprobado o desaprobado, o si haya sacado buena, regular o mala nota: el común denominador siempre ha sido (evidentemente, con algunas excepciones) que se tiene la sensación de no haber aprendido nada. Ello se debe, principalmente, a que la manera de dictar el curso ha sido tremendamente dogmática, sin “hacer aterrizar” a los alumnos a casos reales y concretos. El propósito de esta investigación es, partiendo de los datos que nos brinda la doctrina y la legislación (principalmente, el Código Civil), contrastar la validez de las instituciones del acto jurídico frente a la jurisprudencia nacional, sea civil o administrativa.



Creo que es necesario contar con ciertas premisas básicas para iniciar este itinerario. En efecto, se parte del convencimiento que la distinción conceptual entre acto y negocio (aunque totalmente válida desde una perspectiva dogmática), resulta innecesaria a efectos prácticos: por tal motivo, se empleará, principalmente, el término que adopta el Código Civil: acto jurídico. En mi opinión, resulta más importante descifrar la utilidad del concepto del acto jurídico. ¿Para qué nos sirve? Los sujetos de derecho constantemente interactúan y generan relaciones y situaciones jurídicas: hacen contratos, se casan, se divorcian, reconocen hijos, otorgan testamentos, los revocan, adoptan, otorgan poderes, entre otros. ¿Con qué finalidad lo hacen? Con una finalidad social y económicamente práctica: para que produzcan efectos entre las partes que los realizan o a quienes se refiere este acto: ello va más allá de la mera producción de efectos jurídicos. El acto jurídico surge como un supraconcepto que condensa esta multiplicidad de actos.



Otro mito que debe desaparecer es el del respeto absoluto a la afirmación que “el acto jurídico nulo nace muerto”, o que este “no produce efectos jurídicos”: falso. Para que el acto nulo deje de tener efectos jurídicos debe ser declarado como tal judicialmente. Es más, si después de diez años, nadie invoca su nulidad, la acción (tal como recita el Código Civil) prescribe. En verdad, el acto jurídico nulo nace “vivo y coleando”, y “sí produce efectos jurídicos”, lo que sucede es que estos son de naturaleza precaria. Algunos afirman que en estos supuestos, se dan efectos sociales, mas no efectos jurídicos, por cuanto el ordenamiento jurídico no los puede amparar. Veamos un ejemplo: Pedro y Vilma contratan a Beatriz para que esta última geste en su cuerpo un embrión producto de los gametos de la pareja y, luego de dar a luz, debe entregar al recién nacido a la mencionada pareja. Acuerdan por ello pagar una inicial de cinco mil dólares por el embarazo (generado artificialmente) y cinco mil más “contra entrega”. Todos diremos, sin duda alguna, que es un supuesto de nulidad virtual por atentar contra el orden público y las buenas costumbres (arts. V del Título Preliminar y 219.8 del C.C.); pero, ¿qué pasa si Beatriz efectivamente entrega al recién nacido a Pedro y a Vilma, estos lo inscriben como sus padres y nunca más se sabe de la “madre gestante”?, ¿produjo o no produjo efectos ese acto?, ¿tiene sentido distinguir entre efectos jurídicos y efectos sociales? En verdad, aunque no se quiera aceptar, los actos nulos producen efectos jurídicos precarios; pero efectos jurídicos (al fin y al cabo), que dejarán de ser tales si las partes acuerdan ello o si el juez los declara; pero no “nacen muertos”. Si ello fuera cierto, no se necesitaría la declaración judicial de nulidad.



Este trabajo no tiene mayor pretensión que la de validar jurisprudencialmente las instituciones del acto jurídico, tratar de ser un instrumento que permita al operador jurídico a replantear sus opciones interpretativas y que ayude al alumno a entender bien las mismas.



II. INVALIDEZ E INEFICACIA



1. Conceptos preliminares



El acto jurídico puede ser visto de dos formas: una estática (que se determina con la estructura del mismo y el análisis de sus elementos constitutivos) y otra dinámica (que se manifiesta con la eficacia del acto, vale decir, sus efectos jurídicos). Validez y eficacia pertenecen al momento fisiológico del acto, mientras que invalidez e ineficacia a su momento patológico. El esquema que presento a continuación es hecho sobre la base de las coordenadas legislativas diseñadas por el Código Civil peruano.





ACTO JURÍDICO Aspecto estructural Aspecto funcional
Momento Validez Eficacia
fisiológico

Invalidez Ineficacia
Momento Nulidad Rescisión (1)
patológico Anulabilidad Resolución







Si uno quiere desarrollar el concepto de validez del acto jurídico, resulta forzoso definir cada uno de sus elementos, los cuales, bien es sabido, se encuentran individualizados en el artículo 140 C.C., y son:



a) Agente, con el cual se quiere hacer alusión al sujeto que ha de manifestar su voluntad a efectos de vincularse jurídicamente. Sujeto de derecho es el centro de imputación de derechos y deberes adscribible, siempre y en última instancia a la vida humana.



b) Objeto, entendido como la relación o situación jurídica que nace del acto jurídico (2). Se entiende por relación jurídica a la vinculación entre situaciones jurídicas y a estas últimas como a las posiciones que ocupa el sujeto de derecho frente al ordenamiento jurídico.



Cierto sector de la doctrina distingue el objeto del contenido del acto jurídico. En efecto, se sostiene que este último es el reglamento, el conjunto de las disposiciones queridas por las partes o determinadas por ley. Si se confunden ambos conceptos, se debería entender que un supuesto como la condición correspondería al ámbito del contenido y no como debería ser, vale decir, al del objeto –en este caso– del contrato (3). Creo que la distinción es innecesaria, por cuanto si bien cronológicamente, se fija primero el contenido del acto para después crear (regular, modificar o extinguir) la relación o situación jurídica, la afectación del primero, necesariamente implica la del objeto del acto jurídico y viceversa.



c) Fin, es la causa del acto, conceptualizada como la función económico-social práctica que busca el sujeto al manifestar su voluntad (4).



Si el acto jurídico es ad solemnitatem, además, es un elemento el siguiente:



d) Forma, que en sustancia, no es más que la exteriorización de la voluntad (5). Un sector de la doctrina nacional distingue la forma de la formalidad, entendida esta última como “el modo de emitir la declaración de voluntad, o de documentarla o de hacerla notoria a otras personas” (6).



Ahora bien, estos elementos deben reunir los siguientes requisitos:



a) Con respecto al agente, que sea capaz, vale decir, que el sujeto se encuentre en la aptitud de vincularse jurídicamente con la manifestación de su voluntad. La capacidad comprende la denominada capacidad de goce (aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones) y la de ejercicio (aptitud para poner en acción –ejercer– dichos derechos y obligaciones), esta última se adquiere a los 18 años (artículo 42 del C.C.). Sin embargo, en algunos actos no es necesario que el agente tenga esta edad, sino solo basta la presencia del discernimiento (grado de madurez psicológica que le permite distinguir al individuo lo malo de lo bueno, así como la magnitud de las consecuencias de sus actos). Así cuando acepta donaciones, herencias y legados que sean puras y simples o cuando ejerza derechos estrictamente personales (artículo 455 del C.C.). Del mismo modo, para realizar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de la vida diaria (artículo 1358 del C.C.) o el adolescente que quiera constituir una asociación. (Artículo 13 del Código del Niño y del Adolescente, Ley Nº 27337, del 02.08.00).



b) Con respecto al objeto, que sea física y jurídicamente posible y determinable, o sea, que la relación jurídica o situación jurídica que se pretenda crear (regular, modificar o extinguir) del acto jurídico sea factible de acuerdo a las leyes de la naturaleza, así como permitida por el ordenamiento jurídico. Es necesario interpretar sistemáticamente este requisito con lo dispuesto por el artículo 219.3 del C.C. En efecto, en este numeral se establece que es nulo el acto jurídico:



“Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable” (el subrayado es mío).



De esta prescripción podría entenderse que, al sancionar con nulidad el supuesto que se fije un objeto indeterminable, otro de los requisitos que debe reunir el objeto es el de su “determinabilidad”. Aquí es necesario precisar que la característica de la determinabilidad no puede ser atribuida a la relación o situación jurídica (que, como ya se dijo, son el objeto del acto jurídico). Lo que sí debe ser determinable es el bien materia de una relación jurídica. Si, por ejemplo, nos referimos a un contrato de compraventa de un inmueble, el objeto del contrato no es la casa (que debe ser determinable), sino la relación jurídico-patrimonial que nace de dicho contrato (figura específica del género acto jurídico). En este caso, la casa es el bien sobre el cual recae la relación jurídico patrimonial (obligación), pero no se confunde con esta.



c) Con respecto al fin, que sea lícito, con ello se pretende poner en evidencia que la función económico-social práctica del acto solo será amparada por el ordenamiento jurídico si es que no contraviene sus estándares de imperatividad, orden público y buenas costumbres. Debe tenerse en cuenta que en doctrina se maneja un concepto formal de licitud (correspondencia con las leyes imperativas) y un concepto material (que identifica la licitud con la correspondencia con los valores y principios jurídicos). Es menester que el operador jurídico no se limite a una concepción formal de ilicitud y la complemente con aquella material.



d) Con respecto a la formalidad, que sea la establecida por ley, en efecto, si bien en materia de acto jurídico existe el principio de libertad de forma (artículo 143 del C.C.), hay actos que, por su particular relevancia, requieren de una formalidad determinada para su existencia. Caso contrario, el acto que adolezca de la misma, será inválido. Tal es el caso del contrato de donación de bienes inmuebles que tiene que ser formalizado por escritura pública, bajo sanción de nulidad (artículo 1625 del C.C.).



2. El caso: la venta del bien ajeno, ¿acto ineficaz o inválido?



La jurisprudencia nacional, frente al supuesto de la venta del bien ajeno, ha tendido interpretaciones dispares. Si bien el artículo 1539 del C.C. establece que, en este caso, cabe que el comprador pueda solicitar la rescisión de contrato (7), no se dice nada respecto de lo que puede hacer el titular del bien. Los jueces han calificado este acto como nulo, argumentando en algunas ocasiones el fin ilícito. En este sentido, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, (CAS. Nº 2988-99-Lima), interpreta que:



“Hay que convenir que es ilícito todo aquello contrario a las normas legales imperativas (ius cogens), especialmente aquellas que tipifican un ilícito penal; y que para determinar si se produce ese fin será necesario examinar la causal del contrato, el motivo común a las partes contratantes, las condiciones que lo delimitan y su objeto (…). Que la venta como propio de bien ajeno está tipificada como delito de defraudación en el artículo ciento noventisiete inciso cuarto del Código Penal, acto ilícito conocido como estelionato”.



En otros casos se ha entendido que se trata de un supuesto de imposibilidad jurídica. Así, la Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Lima, con resolución del 27.02.99, establece que:



“Resulta evidente que los cónyuges demandados no podían transferir por vía de anticipo de legítima un bien que ya no les pertenecía, por lo tanto el objeto de dicho acto jurídico para favorecer a su hijo deviene en un imposible jurídico”.



En doctrina se sostiene que “resulta un total contrasentido afirmar que la venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del comprador –cuando este no conocía la ajenidad del bien– y a la vez pasible de ser declarada nula a solicitud del propietario; toda vez que la nulidad determina que el negocio no produjo efectos jurídicos y puede ser solicitada por cualquier sujeto, mientras que la rescisión importa que el negocio es válido y puede ser solicitada solo por los contratantes” (8).



3. ¿Puede ser calificado como fin ilícito (y, por consiguiente, demandar la declaración de nulidad de un contrato) el hecho que una de las partes “pretenda lucrar ilícitamente” respecto de la otra?



La señora Hurtado demanda la nulidad de acto jurídico (concretamente a la cláusula sexta del mismo) a su hermano y a su esposa “debido a que los demandados de manera ilícita pretenden lucrarse del referido acto ya que los mismos no han cumplido hasta la actualidad con pagar a la demandante más del cincuenta por ciento de la suma pactada en el contrato privado de compraventa de bien inmueble”. Invoca los artículos 219.4 (nulidad por fin ilícito), 1371 (definición de resolución contractual), 1561 (resolución por incumplimiento de pago en la compraventa por armadas) y 1562 del C.C. (improcedencia de la pretensión resolutoria). No obstante la múltiple y dispar fundamentación jurídica, en primera instancia, el Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con resolución del 02.03.95, califica la pretensión como una de nulidad del acto jurídico. Sobre la cláusula en cuestión, afirma que:





“De la cláusula sexta puesta en revisión, se advierte que se acordó un precio total del bien ascendente a diez mil dólares americanos, suma de la cual tres mil quinientos dólares americanos fueron abonados a la actora a la suscripción del aludido contrato, precio al que se le agregarían los gastos acreditados de una estipulada reparación del propio bien además de pagos en cuotas mensuales del acordado precio, a partir del año de mil novecientos noventidós, pacto que lejos de las imprecisiones que dejan entrever, son jurídicamente aceptables (sic) en virtud a la libertad de contratación que confiere a los celebrantes el artículo mil trescientos cincuenticuatro del Código sustantivo, concordante con el numeral mil quinientos cuarentitres del mismo cuerpo legal, estrictamente aplicable a la compraventa en la fijación del precio del bien”.





En este sentido, la juez declara infundada la demanda amparándose adicionalmente en el artículo 1429 del C.C., debido a que no se constituyó en mora al deudor (¿?). la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, con una pobrísima resolución, de fecha 19.06.95, se limita a confirmar la sentencia apelada, afirmando que:



“Si bien es cierto que el actor (rectius: demandado) no ha acreditado haber cancelado el cincuenta por ciento del precio del inmueble sito en la calle quince número doscientos veintitrés bajos Rímac, Lima; no es menos cierto que la acción incoada a fojas dieciséis es una de nulidad de acto jurídico que contiene la cláusula sexta del contrato de fojas nueve, cuyas causales no han sido acreditadas; no dándose los hechos causales de nulidad del acto jurídico tal como lo dispone el artículo doscientos diecinueve del Código Civil” (la aclaración es mía).



La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, con fecha 21.08.96 (CAS. Nº 633-95), declaró fundado el recurso de casación, nula la sentencia impugnada y fundada en parte la demanda. Uno de los argumentos que se utilizó es que la resolución a la cual se refiere el artículo 1429 del C.C. “es facultativa mas no obligatoria”. Así:



Resulta de este análisis que la resolución de pleno derecho por incumplimiento del acuerdo al artículo mil cuatrocientos veintinueve del Código Civil, es facultativa y no obligatoria, lo que se encuentra ratificado por el propio texto de dicho artículo, cuando expresa “que la parte perjudicada con el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial…”.



Solo me permito aclarar que el argumento de la primera instancia que siguió sin mayor reflexión la segunda, se basaba en el hecho que se debió constituir en mora previamente por carta notarial. Por consiguiente, es correcto sostener que el ejercicio del derecho de pedir la resolución es facultativo, así como es facultativa la formalidad por medio de la cual se ejercita el mismo (vale decir, judicial o notarialmente). De esta manera, la Sala advierte que:



“Como podrá apreciarse en los artículos mil cuatrocientos veintiocho y mil cuatrocientos veintinueve del Código sustantivo, a la parte perjudicada por el incumplimiento de su contraparte, se le conceden dos alternativas facultativas, la resolución del contrato por la vía judicial o la resolución de pleno derecho de acuerdo al segundo dispositivo antes citado”.



En atención a ello:



“Procede la resolución del contrato, de acuerdo con lo estipulado en el artículo mil quinientos sesentidós del Código Civil y también el extremo de la demanda referida a la reivindicación del cuarto que los demandados poseen en el inmueble sublitis, por lo dispuesto en el artículo novecientos veintitrés del mismo Código”.



Es de tenerse en cuenta que, al presentarse el recurso de casación, se invoca la interpretación errónea del artículo 1429 del C.C., con lo cual el problema ya no se centra en uno de nulidad del acto jurídico por fin ilícito, sino (como debió ser desde un inicio) de resolución del contrato de compraventa, en este caso, por incumplimiento del pago de las armadas. Es menester precisar que el conflicto surge antes de la modificación del artículo 1562 del C.C. por la Ley Nº 27420, del 07.02.01. El tenor del artículo era el siguiente:



“En el caso del artículo 1561, el vendedor pierde el derecho a optar por la resolución del contrato si se ha pagado más del cincuenta por ciento del precio. Es nulo todo pacto en contrario”.



El texto actual es:



“Las partes pueden convenir que el vendedor pierde el derecho de optar por la resolución del contrato si el comprador hubiese pagado determinada parte del precio, en cuyo caso el vendedor solo podrá optar por exigir el pago del saldo”.



Ahora (y a partir de este caso) el hecho que no se paguen cuotas en un contrato de compraventa por armadas, no puede ser calificado como un supuesto de nulidad por fin ilícito, sino de resolución por incumplimiento, evidentemente, de acuerdo a lo pactado previamente. Caso contrario, se generaría el derecho de exigir el pago del saldo más una indemnización si se hubieran registrado daños por dicho incumplimiento.



“En el caso del artículo 1561, el vendedor pierde el derecho a optar por la resolución del contrato si se ha pagado más del cincuenta por ciento del precio. Es nulo todo pacto en contrario”.



El texto actual es:



“Las partes pueden convenir que el vendedor pierde el derecho de optar por la resolución del contrato si el comprador hubiese pagado determinada parte del precio, en cuyo caso el vendedor solo podrá optar por exigir el pago del saldo”.



Ahora (y a partir de este caso) el hecho que no se paguen cuotas en un contrato de compraventa por armadas, no puede ser calificado como un supuesto de nulidad por fin ilícito, sino de resolución por incumplimiento, evidentemente, de acuerdo a lo pactado previamente. Caso contrario, se generaría el derecho de exigir el pago del saldo más una indemnización si se hubieran registrado daños por dicho incumplimiento.



. Sobre la imperiosa necesidad de distinguir los supuestos de invalidez e ineficacia



El caso que motiva a comentario se inicia con un conflicto que se suscita entre dos hermanos. Uno de ellos tiene una deuda a título personal pendiente a favor del otro, ascendiente a US$ 23,926.85. El hermano deudor y su esposa, a efectos de evitar el embargo del inmueble dado en garantía para respaldar su obligación, venden a sus hijos la parte correspondiente del mismo a un monto notoriamente inferior al de su valor real. El hermano acreedor interpone una demanda de anulación de escritura de compraventa por fraude. No obstante ello, se “aclara” el petitorio de la siguiente manera “es decir se debe declarar la ineficacia de la compraventa en el 50% del total de la propiedad por provenir esta de la sociedad conyugal”. Evidentemente, no queda claro el pedido, pues no se sabe si se trata de uno de invalidez o de ineficacia, máxime cuando se aumenta la ambigüedad al agregar seguidamente que se solicita la “ineficacia del acto jurídico por simulación”. Con lo cual se agrava la situación, por cuanto no se sabe si se quiere invocar fraude o simulación. El Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil, con Resolución del 05.11.98, interpreta que la pretensión es de ineficacia por fraude al acreedor, declarando ineficaz el contrato de compraventa “en cuanto se refiere a los derechos y acciones del codemandado”. Resulta ilustrativo (a efectos de no seguirlo) citar el siguiente pasaje de esta sentencia:



“Que, con respecto al fraude se presentan dos vertientes: el fraude a la ley y el fraude a terceros (acreedores), siendo este último el caso de autos, el mismo que alude a un comportamiento impropio del deudor que se interpreta en la celebración de actos jurídicos con el deliberado propósito de caer en un estado de insolvencia en perjuicio del acreedor; esta conducta genuinamente dolosa se puede evidenciar de múltiples maneras: a) por acto de simulación cuyo remedio constituye la acción de simulación; b) la renuncia o abdicación de sus bienes cuyo remedio es la acción subrogatoria; y c) la enajenación real de sus bienes que a su vez impone la acción pauliana o revocatoria”.



El juez está confundiendo gruesamente el concepto de “comportamiento impropio del deudor” con el de fraude a la ley. Esta última figura es entendida como la realización de un acto bajo el amparo de una norma de cobertura para eludir ilícitamente los efectos de una norma imperativa. La simulación y la renuncia de los derechos son supuestos de comportamiento impropio del deudor, mas no de fraude a la ley. Cosa que sí es correcta en el caso de la denominada acción pauliana o revocatoria, que no es más que una pretensión procesal de ineficacia del acto jurídico, que también recibe el nombre de fraude a los acreedores.



En segunda instancia, la Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, con resolución del 01.09.99, revoca la sentencia apelada, argumentando que:



“El pretensor a través de su demanda pretende la anulación de un acto jurídico invocando las causales del artículo ciento noventicinco del Código Civil referidas a la ineficacia, cuando para el caso debió invocarse las causales del artículo doscientos veintiuno del Código Civil. (…) A que, en este sentido habiéndose demandado la “anulación de la Escritura Pública de Compraventa de fecha treinta de octubre de mil novecientos noventiseis” no cabe emitir pronunciamiento respecto de la ineficacia pues esto importaría una modificación del petitorio, hecho respecto a lo cual el juez está impedido, conforme a la restricción contenida en el artículo sétimo del Título Preliminar del Código Procesal Civil” (el subrayado es mío).



Llama poderosamente la atención la ligereza en evaluar la demanda, así como la resolución de primera instancia, por parte de los vocales. Si uno lee atentamente la demanda, el petitorio, un tanto confuso, plantea indistintamente la anulación como la declaración de ineficacia, entendiéndolas (erróneamente) como sinónimas. En primera instancia lo que el juez debió hacer era proceder en virtud del artículo 426 del C.P.C., vale decir, debido a que se encontraba frente a un “petitorio impreciso” (artículo 426.3) correspondería ordenar al demandante que subsane este defecto en un plazo no menor de 10 días y, si el demandante no cumplía, el juez procedería a rechazar la demanda por inadmisible y ordenará el archivo del expediente. Por su parte, el demandado podría haber planteado una excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda (artículo 446.4 del C.P.C.). No obstante ello, el juez de primera instancia, como ya se mencionó, calificó (a mi modo de ver, correctamente, la pretensión como una de ineficacia), no generando en absoluto un estado de indefensión, por cuanto lo que se discutía (independientemente de la errónea invocación de derecho) era el acto de disposición patrimonial del deudor en perjuicio al acreedor. No encuentro motivo alguno que justifique la decisión de segunda instancia, por cuanto, lo que se debió aplicar es el aforismo iura novit curia y calificar adecuadamente el petitum. La argumentación que ello importaría una modificación del petitorio revela que el órgano colegiado no leyó la demanda, por cuanto, también se pidió la declaración de ineficacia del acto.



Lo curioso es que el demandante, al solicitar el recurso de casación, insiste en que “la ineficacia del acto jurídico, en el fondo importa la anulación del acto jurídico”. La Corte Suprema, con Resolución del 28.01.00, para variar, por un tema formal, declaró improcedente el recurso de casación.



Esta penosa experiencia nos muestra la imperiosa necesidad de tener claros los conceptos básicos del acto jurídico, a efectos de evitar una resolución del Poder Judicial que no ampare una demanda, no obstante se tenga la razón.



5. ¿Es válido el acto jurídico del sujeto que no ha podido manifestar su voluntad por causas atribuibles a su persona?



El artículo 219.1 es claro al establecer que el acto jurídico es nulo “cuando falta la manifestación de voluntad del agente”; sin embargo, no prescribe nada respecto de la situación en la cual el mismo agente, rectius: sujeto, es el que se puso en la situación que le generó la manifestación de voluntad. El caso que motiva este cuestionamiento es el siguiente: El 31.03.03 un consumidor denunció a un banco por presunta infracción a la Ley de Protección al Consumidor. En su denuncia señaló que el 13.08.02 entre las 2:00 y las 4:00 horas fue dopado y bajo ese estado, terceros utilizaron su tarjeta de crédito, efectuando consumos por un monto ascendente a S/. 4 760, el mismo que excede el límite de su línea de crédito. No obstante el denunciante señaló que las firmas que aparecen en los vouchers de los consumos efectuados no son suyas, sí lo eran, incluso, en todos los vouchers figura su huella digital. ¿Qué pasó? De la denuncia policial efectuada en la Comisaria de San Borja, presentada por el propio consumidor, se desprende que estuvo bebiendo (cerveza y vodka, tal como lo declara) hasta la 05:00 de la madrugada y sus amigos lo embarcaron en un taxi y a las 11:30 horas, al despertarse, constató que del interior de su billetera le habían hurtado su D.N.I. y su tarjeta de crédito. Agregó, que cuando solicitó información al banco respecto de los lugares donde se habían efectuado las transacciones cuestionadas, le informaron que se realizaron en dos hostales. La Comisión de Protección al Consumidor declaró infundada la denuncia, en atención a lo siguiente:



“De lo anterior y del cuadro de detalle de operaciones efectuadas con la tarjeta de crédito del denunciante, existen indicios suficientes para señalar que el señor Mesones si bien se encontraba bajo la influencia de alcohol al momento de la realización de los consumos, este era consciente de los mismos en la medida que en los vouchers se encuentra estampada su huella digital.



Respecto a la afirmación del denunciante que lo doparon para robarle su tarjeta de crédito, de la documentación que obra en el expediente no existen indicios suficientes que acrediten lo expuesto por el señor Mesones. Si bien, el denunciante presentó los resultados de un examen toxicológico que le realizaron en la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú con motivo de la denuncia policial que interpuso, dichos resultados no acreditan que el denunciante se encontraba en estado de inconsciencia al momento en que se efectuaron las transacciones, puesto que conforme se ha señalado en los párrafos anteriores, los consumos materia de denuncia se efectuaron cuando la tarjeta se encontraba en posesión del denunciante en estado etílico pero consciente.



Al respecto, un consumidor razonable comprende, sobre la base de la información existente en el mercado, que existe un riesgo en el empleo de tarjetas de crédito, como la que es materia de denuncia. En ese sentido, un consumidor razonable tiene como expectativa que el proveedor de una tarjeta adopte las medidas de seguridad a efectos de minimizar los riesgos que podrían presentarse al usar una tarjeta de crédito, puesto que una vez que la tarjeta se encuentra en su poder él asumirá desde ese instante la responsabilidad por el uso que se dé a la misma.



Por lo expuesto, un consumidor tendría mucho cuidado al momento de realizar transacciones comerciales con su tarjeta de crédito. Así, no debería exponerse a situaciones que puedan generarle un peligro; es decir, que atenten su integridad física o coaccionen el dominio de su voluntad.



Conforme se ha señalado en los párrafos anteriores, el señor Mesones por propia voluntad se expuso a una situación de riesgo al haber estado libando licor hasta la madrugada en posesión de su tarjeta de crédito, con la cual se efectuaron los consumos que ahora cuestiona.



Por ejemplo, una persona que consume alcohol y maneja es consciente que de ocurrir algún accidente mientras conduce su vehículo bajo ese estado, será responsable por las consecuencias de este. Asimismo, una persona que efectúa transacciones con una tarjeta de crédito ya sea bajo la influencia de alcohol o no, es responsable por los consumos que se efectúan con ella, salvo que al haber sido víctima de un robo, hubiera bloqueado la tarjeta de inmediato”.



¿Cómo se hubiera resuelto este problema con la normativa del Código Civil? En materia contractual contamos con el artículo 1327 del C.C., el cual prescribe que:



“El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario”.



En lo que a responsabilidad extracontractual se refiere, el artículo 1974 del C.C. establece que:



“Si una persona se halla, sin culpa, en estado de pérdida de conciencia, no es responsable por el daño que causa. Si la pérdida de conciencia es por obra de otra persona, esta última es responsable por el daño que cause aquella”.



El principio que se debe extraer es que, si bien el acto jurídico sería nulo por falta de manifestación de voluntad del sujeto, excepcionalmente, el acto será válido si el propio agente es el causante de dicha situación. El argumento que fundamenta esta afirmación es el a simili: en efecto, si bien es cierto que el artículo 1974 del C.C. prevé la situación intencional de generar la pérdida de conciencia en materia extracontractual, sancionando con responsabilidad al sujeto dañante, creo que la actio libera in causa (9) es plenamente aplicable en materia de validez del acto jurídico. Ambas situaciones son sustancialmente similares, siendo incongruente tratarlas de distinta manera.



6. ¿A partir de cuándo se es “incapaz” frente a terceros?



Un caso, que se vio en la Comisión de Protección del Consumidor del INDECOPI me llamó a la reflexión respecto de la inscripción de la sentencia que declara la interdicción y los alcances del principio de publicidad, regulado en el artículo 2012 del C.C., el cual establece que:



“Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones”.



En efecto, con fecha 04.05.01 la Corte Superior de Justicia de Lima aprobó la Resolución N°12 emitida el 03.01.01 por el Décimo Primer Juzgado Especializado de Familia que declaró interdicto al señor Chung por incapacidad relativa; y nombró como curador a su hermano. El interdicto tenía una cuenta en el Banco de la Nación donde se le abonaban los pagos realizados por la ONP y el FONAHPU. Esta resolución se inscribió en el Registro Personal de la Oficina Registral de Lima y Callao con fecha 11.06.01. Sin embargo, se produjeron los siguientes hechos:



a) El 17.08.01 a requerimiento del mismo interdicto, se le entregó una tarjeta Multired, correspondiente a su cuenta de ahorros y se hizo un retiro mediante cajero automático, ascendente a S/. 270.00, a través de la referida tarjeta.



b) El mismo 17.08.01, el interdicto otorga un poder fuera de registro a una tercera persona, la señorita Huayhua, para hacer retiros.



c) El 24.08.01, el curador da a conocer por escrito al banco la situación del interdicto y su poder de representación.



d) La señorita Huayhua, con el poder fuera de registro, ante el banco, con fecha 26.11.01, retira el monto de la sexta bonificación del interdicto, ascendente a S/. 320.00.



Ante la denuncia del curador ante la Comisión de Protección al Consumidor, mediante Resolución Final, Nº 339-2003-CPC, del 26.03.03, se ordenó la devolución de lo indebidamente pagado, dado que:



“Por el carácter imperativo establecido en el artículo 2012 del Código Civil respecto del conocimiento de las inscripciones en los Registros Públicos, el Banco debió considerar que a partir del día 11 de junio de 2001 el denunciante, en su calidad de curador, era la única persona legitimada para efectuar operaciones válidas en representación del interdicto”.



Me queda claro que no se cumplió con el parámetro de diligencia del proveedor promedio al ordenar el pago a una tercera persona después de la comunicación hecha por el propio curador el 24.08.01. No me queda tan clara la responsabilidad en lo que se refiere al pago realizado antes de esa fecha. Evidentemente, dado el carácter imperativo del artículo 2012 del C.C., “toda persona tiene el conocimiento del contenido de las inscripciones” y esta situación no podía ser la excepción. Sin embargo, la aplicación de la norma al caso concreto hace pensar que la misma no debería aplicarse de una manera tan rígida en lo que se refiere a las inscripciones en el Registro Personal, sobre todo, si se trata de transacciones hechas ante una institución financiera. Ello supondría que, por cada transacción que se haga, el Banco deberá consultar a Registros Públicos (a nivel nacional) para ver si el sujeto tiene plena capacidad de ejercicio. En estos supuestos debería aplicarse una norma similar a la que hay en materia de cambio de domicilio (artículo 40 del C.C.), de tal manera que, todo cambio en lo que se refiere a la afectación de la capacidad de ejercicio de las personas, para que sea oponible a los terceros, deberá ser comunicada a estos (se entiende, por el representante legal), salvo que se trate de una situación ostensible.



7. El disenso



Para la autorizada doctrina italiana, el disenso es “una anormalidad que solo en los negocios bilaterales puede producirse, consistente en un íntimo e inadvertido desacuerdo entre las partes en cuanto al sentido en que cada una de ellas entiende el contenido del negocio; desacuerdo que se halla encubierto por la aparente (o creída) congruencia exterior de las respectivas declaraciones. Conviene recordar a este respecto que el negocio bilateral exige el acuerdo de entrambas partes sobre el que es su contenido preceptivo, y este acuerdo radica en la identidad del sentido con que tal contenido se presenta en la conciencia de una y otra parte” (10). Si se configura este supuesto, el acto jurídico sería nulo (11).



A nivel nacional, un caso originado en Tambogrande, ubicado en la zona norte de la ciudad de Piura, resulta ilustrativo para entender esta figura. Una empresa, Manhattan Sechura Compañía Minera, producto de las relaciones tensas (que suelen haber) entre los campesinos de la zona, publica y distribuye unos folletos en los cuales se informa respecto de las actividades de protección ambiental que se están llevando a cabo. En dichos folletos aparece en dos oportunidades la imagen de un campesino, Carlos Yarlequé, reproducida sin su consentimiento. Este hecho generó una serie de inconvenientes al señor Yarlequé, por cuanto, al parecer, los demás campesinos, al ver esta imagen en el folleto “lo asociaron” a la minera y, a partir, de ello, tuvo un tratamiento hostil por parte de su comunidad. El señor Yarlequé, al reclamar este hecho ante la minera, “suscribe” (con su huella digital, dado que es analfabeto) un “documento de conformidad”, en el cual se acredita el recibo de S/. 300.00. El texto del documento es el siguiente:



“Mediante el presente documento, y de acuerdo a lo dispuesto; he recibido de MANHATTAN SECHURA CIA MINERA la cantidad de TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES como pago ÚNICO por compensación de uso de fotografía en folleto”.



El problema está en que, si bien Yarlequé entendió que con este pago, ya no iba a seguir publicándose este folleto con su imagen; la minera entendió exactamente lo contrario. Producto de este disenso se interpone una demanda ante el Cuarto Juzgado Civil de Piura, el cual con Resolución Nº 14, del 16.10.00, fue declarada infundada, por cuanto:



“Al revisar el documento señalado por la demandada, en su calidad de persona jurídica, como prueba del consentimiento del demandante en utilizar su imagen, se aprecia que en él se hace referencia al pago de trescientos soles “como pago ÚNICO por compensación de uso de fotografía en folleto”; y que la señal de conformidad del demandante es la huella digital que este imprime sobre el documento. De lo expuesto se concluye:a) Que el pago realizado ya supone la utilización de la fotografía del demandante; b) Que, si bien el demandante tiene la condición de iletrado y no podía saber el contenido del documento sino por la lectura que, le haya hecho el representante de la demandada, ha quedado acreditado que esta le hizo saber al accionante el contenido real del “documento de conformidad” de fojas treintisiete;



(…) Que, si bien es cierto la parte demandante señala que la utilización de su imagen por parte de la demandada le ha causado daño moral y económico en el sentido de que es rechazado de su entorno, no pudiendo acceder a fuentes de trabajo ni desempeñar sus actividades de agricultor, sin embargo no prueba la existencia de tales daños y menos los ha cuantificado, de tal suerte que no se configura la relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido que precisa el artículo 1985 del Código Civil;



(…) Que, de otro lado el artículo 1969 del Código indicado señala que aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo y que el descargo por falta de dolo o culpa corresponde al autor. En el presente caso, si bien se ha esclarecido el hecho que la demandada utilizó la imagen del demandante y luego le otorgó una compensación por ello en la suma de trescientos soles, que corresponde al recibo de fojas treintisiete (en lo cual convino el demandante puesto que así lo expresa al absolver la pregunta quinta, que obra a fojas ochentidós de autos); nos permite inferir que la emplazada no incurrió en acto ilícito pues el accionante expresa su consentimiento con dicha publicación”.



Apelada esta sentencia, la Segunda Sala Especializada en lo Civil, con Resolución Nº 20, del 31.01.00, se revocó la decisión de primera instancia, declarando fundada la demanda y ordenando a la minera que pague al demandante la suma de cinco mil nuevos soles. El fundamento de esta decisión fue el siguiente:



“Que, la uniforme y reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia de la República estima: “(…) Que, el daño moral, no obstante, de no poder valorizarse en dinero, es necesario recurrir por criterios de equidad, al resarcimiento del daño con el pago de un monto dinerario o en su defecto a través de otras vías reparatorias que las circunstancias del caso aconsejen al juzgador”; que en dicha ejecutoria se señala también: “…Que, no existe un concepto unívoco del daño moral, es menester considerar que el daño no patrimonial inferidos en derechos de la personalidad o en valores que pertenezcan más al campo de la afectividad que al de la realidad económica; en cuanto a sus efectos, es susceptible de producir una pérdida pecuniaria y una afectación espiritual”. (CAS. Nº 1070-95-Arequipa de fecha 03-07-98);



(…) Que, en el caso sub examen, si bien es cierto la empresa Manhattan otorgó una compensación de trescientos nuevos soles luego de publicar la imagen del demandante, conforme consta en el recibo de fojas treintisiete, también lo es que dicho monto no cubre en lo más mínimo el daño moral y económico producido;



(…) Que, siendo esto así la sentencia recurrida procede ser revocada, debiendo fijarse un monto indemnizatorio justo y razonable, acorde con las cualidades personales del demandante y a la circunstancia que vive la población de Tambogrande, como consecuencia del proyecto minero a cargo de la empresa emplazada”. (El subrayado es mío).



Mediante Resolución del 25.06.01 (CAS. Nº 1097-2001), la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la minera demandada.



Respecto de la evaluación del “documento de conformidad”, aunque, me encuentro de acuerdo en el fondo, creo que el argumento equitativo que se menciona en el precedente citado, debió de haberse complementado con un adecuado análisis del carácter probatorio que merece un documento de este tipo, “suscrito” (ni más, ni menos) con un analfabeto. En efecto, al tratarse de un disenso, dado que ambos sujetos manifestaron su voluntad en un sentido distinto del que fue interpretado por el otro, debió invalidarse el acto y, por consiguiente, la del documento. El argumento equitativo que se utiliza resulta débil frente al de la nulidad del acto por falta de manifestación de voluntad del agente, que se presentó tanto por parte del señor Yarlequé como por parte de los representantes de la minera.



8. Errores que pueden generar horrores



Una pareja se casa debido a un embarazo en agosto de 1997 y nace el hijo en diciembre de ese año. Debido a una serie de discusiones y desavenencias, el marido se hace un espermatograma y se da con la ingrata sorpresa que padece de azoospermia y que el menor no es su hijo. En febrero de 1999 se interpone la demanda, solicitando la nulidad de la partida de nacimiento, la anulación del matrimonio civil por error en las cualidades esenciales de la demandada y por impotencia absoluta al momento de celebrar el matrimonio (artículo 277, incisos 5 y 7 del C.C.) y una indemnización por daño moral y económico. El juez del Primer Juzgado Civil de la Provincia de Barranca, con Resolución Nº 24, del 14.01.00, amparó en parte la demanda, al declarar nulo el acto jurídico contenido en la partida de nacimiento del menor, así como anulada el acta matrimonial, deviniendo infundado el extremo de indemnización por no haberse probado. Respecto del vicio de voluntad en lo que al acto jurídico matrimonial se refiere, se establece que:



“A mérito de los informes de fecha 31 de diciembre y 04 de enero de 1999 evacuado por el Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica Labmedic de fojas 5 y 6, compulsado con el informe pericial del 11 de octubre de 1999 de fojas 151 a 152, relativo a la prueba científica de ADN realizada a don EHTH, doña IFUS y del menor HETU por parte del Laboratorio Bio Links, se concluye categóricamente que el actor no es padre del niño HETU por padecer este de la enfermedad de azoospermia mal que imposibilita procrear por la ausencia de espermatozoides en el líquido seminal; (…) Que, dadas las conclusiones que anteceden y habiendo sido concebido el menor antes de la fecha del matrimonio la demandada ha actuado con dolo al haber sindicado y hecho creer al demandante como progenitor de su menor hijo HETU, aspecto no enervado con ningún medio probatorio durante el desarrollo de la investigación judicial; elementos consustanciales que conducen para declarar la anulabilidad del acta matrimonial del 05 de agosto de 1997, por la concurrente de la causal fijada en el inciso segundo del artículo 221 concordante con el inciso 5 del artículo 277 del Código Civil, que establece la anulabilidad del acto jurídico por concurrencia de elementos esenciales a su formación, encierran un vicio que pueda acarrear su invalidez y haga insoportable la vida en común y opera a petición de parte”. (El subrayado es mío).



Resulta contradictorio advertir que, si bien la demandada ha actuado con dolo, se invoque el error (artículos 221, inciso 2 y 277, inciso 5 del C.C.). Como bien es sabido, en materia de vicios de la voluntad, el dolo es la inducción al error (falsa representación de la realidad), mientras que en el error la falsa representación es espontánea. Ello, además, llama a cuestionamiento sobre la necesidad de regular causales específicas de nulidad (artículo 274 del C.C.) y de anulabilidad (artículo 277 del C.C.) del matrimonio, cuando ya contamos con una normativa general en el Libro de Acto Jurídico. En este caso, por ejemplo, hubiera bastado invocar la causal del dolo regulada en el artículo 221.2 del C.C. A ver bien las cosas, los supuestos regulados en el inciso 5 del artículo 277 del C.C. (aunque interpretados como de error) son producto del dolo omisivo del otro contrayente. A continuación adjunto un par de cuadros comparativos en materia de nulidad y anulabilidad del matrimonio, para confrontar las causales con las que se encuentran reguladas en el Libro de Acto Jurídico.



Comparando ambos elencos, nos damos cuenta que, en materia de nulidad, resultan redundantes los incisos 1 y 2 del artículo 274 del C.C., por cuanto no hacen más que repetir el supuesto del inciso 1 del artículo 219 del C.C.; el inciso 3 del artículo 274 del C.C., que hace lo propio con el inciso 3 del artículo 219 del C.C. (al ser jurídicamente imposible un matrimonio con una persona casada) (12), así como los incisos 8 y 9 del artículo 274 del C.C. con el inciso 6 del artículo 219 del C.C. Quedarían como causales específicas de nulidad en materia de familia los supuestos establecidos en los incisos 4, 5, 6 y 7 del artículo 274 del C.C.



En el caso de supuestos de anulabilidad, la causal regulada en el inciso 1 del artículo 277 del C.C. coincide con la del inciso 1 del artículo 221 del C.C.; la de los incisos 3, 5, 6 y 7 del artículo 277 del C.C. con la del inciso 2 del artículo 221 del C.C. (violencia o intimidación, error o dolo, intimidación y error o dolo, respectivamente). Particular atención merece la causal contemplada en el inciso 4 del artículo 277 del C.C. que, en puridad, no es una causal de anulabilidad, sino de nulidad (en la cual se debería aplicar el inciso 1 del artículo 219 del C.C.). De esta manera, se mantendrían como causales autónomas las reguladas en los incisos 2 y 8 del artículo 277 del C.C.



Volviendo a la resolución bajo comentario, en segunda instancia, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con resolución Nº 33, del 03.05.00, revocó la sentencia en cuanto declaró nula la partida de nacimiento, reformándola, declarando nula el acta de nacimiento en cuanto se consigna como padre al demandante, “quedando subsistente en lo demás que contiene y autorizado para utilizar el apellido (del demandante, se entiende)”; se confirmó en el extremo que se declaró nula el acta de matrimonio y se revocó en cuanto se declaró infundada la pretensión indemnizatoria, ordenando “que la demandada indemnice al demandante con la suma de setecientos nuevos soles más intereses legales” y además ordenaron “que devuelva las sumas cobradas por concepto de alimentos para ella y para su hijo”. Las preguntas surgen inmediatamente: ¿por qué setecientos soles?, ¿por daño moral? Estas dudas subsistirán mientras tengamos operadores jurídicos que fundamenten defectuosamente sus decisiones. Con respecto al vicio de voluntad en el acto jurídico matrimonial, se insiste en calificar al dolo como error. Así:



“Estando probado que la demandada dolosamente hizo creer al demandante que la había embarazado, el matrimonio también resulta nulo en aplicación del inciso 5 del artículo 277 del Código Civil, porque el embarazo por una tercera persona constituye evidencia de vida deshonrosa”. (El subrayado es mío).



La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con sentencia del 13.11.00 (CAS. Nº 1347-2000, Huaura), declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la demandada, casando la sentencia de vista y actuando como sede de instancia revocaron la sentencia apelada en el extremo en que declararon fundada en parte la demanda que declara nulo el acto jurídico contenido en el acta de nacimiento, declarándola improcedente en dicho extremo, confirmándola en lo demás que contiene. La fundamentación es la siguiente:



“Que, el plazo contenido en el artículo trescientos sesenticuatro del Código Civil es uno de caducidad y debe computarse en el presente caso desde la fecha del parto por haber estado presente el actor; y tiene su razón de ser en la defensa de la tranquilidad de los hogares y de la estabilidad social.



(…) Que, en consecuencia, a la fecha de interposición de la demanda había caducado el derecho del demandante para interponer la presente demanda de impugnación de paternidad, lo que no ha sido observado por las instancias de mérito pese a que la caducidad debe declararse de oficio”.



Efectivamente, el artículo 364 del C.C. establece que:



“La acción contestatoria debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de noventa días contados desde el día siguiente del parto, si estuvo presente en el lugar, o desde el día siguiente de su regreso, si estuvo ausente”.



Creo que, dada la particularidad de este caso, es aconsejable no ceñirse a una cerrada interpretación literal de este precepto, sino adentrarse a su esencia, a su ratio. Cabría preguntarse, entonces, ¿por qué el plazo de caducidad de la pretensión contestatoria está en función de la “presencia” del marido? Simple y llanamente, debido a que de esa manera se encuentra en una posibilidad objetiva de constatar si, efectivamente, es (o no) el padre. Entonces, forzosamente se tendrá que llegar a la conclusión que el inicio del plazo no debe entenderse solamente a partir de la presencia física del marido, sino desde que se configura una situación en la que objetivamente se constata que el marido no es el padre, como es el supuesto de una prueba de validez científica. Argumentar el mejor interés del menor o su derecho a la identidad no resulta convincente, por cuanto, en este tipo de supuestos, tanto el principio como el derecho invocados, deberían armonizarse con el derecho a la identidad del padre y a su “verdad biológica y familiar”. De esta manera, la solución correcta hubiera sido amparar la pretensión contestatoria de paternidad; pero manteniendo los apellidos del menor.



Llama poderosamente la atención la inconsistencia lógica en que incurren los vocales supremos, al determinar que el inicio del plazo prescriptorio para solicitar la anulación del matrimonio sí se cuenta desde que el esposo tomó conocimiento del engaño, no obstante el artículo 277.5 establece que “la acción puede ser ejercitada solo por el cónyuge perjudicado, dentro del plazo de dos años de celebrado”, demostrando con ello que aquí no se hace una interpretación literal de este texto; pero no se mantiene el mismo criterio en el inicio del plazo de caducidad para el amparo de la pretensión de impugnación de paternidad. ¿Tiene sentido ello?



Donde la falta de razonamiento de los vocales supremos llega a su máxima expresión es cuando se crea la figura del “hijo no alimentista”. Al confirmarse la sentencia “en lo demás que contiene”, mantuvieron el acogimiento de la pretensión resarcitoria del demandante: de ello resulta que se ha creado la insólita figura de un hijo que tiene que devolverle al “padre” (se entiende, a través de la madre) los gastos de alimentos. Ahora, ello hace generar la siguiente duda: ¿el hijo no alimentista tiene derechos hereditarios respecto de su “padre”? Este es un misterio que solo los vocales supremos que “fallaron” en este caso sabrán resolver.



III. SOBRE UNA EQUIVOCADA INTERPRETACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE VIGENCIA DE PODERES IRREVOCABLES



El artículo 153 del C.C. prescribe que:



“El poder es irrevocable siempre que se estipule para un acto especial o por tiempo limitado o cuando es otorgado en interés común del representado y del representante o de un tercero.



El plazo del poder irrevocable no puede ser mayor de un año”.



A propósito del plazo del poder irrevocable se pueden desprender dos interpretaciones:



a) El carácter irrevocable del poder no puede ser mayor de un año; pero el poder subsiste con la calidad de revocable.



b) El poder irrevocable se extingue después de un año.



Mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 463-2002-SUNARP/SN, del 14.10.02, se aprobó la Directiva Nº 12-2002-SUNARP/SN, en cuyo punto 5.1, precisa que:



“Salvo disposición en contrario, en los casos en los que se haya otorgado poder irrevocable sin fijar plazo para el ejercicio del poder o cuando se haya fijado un plazo mayor al previsto en el artículo 153 del Código Civil, dicho poder caduca transcurrido un año desde la fecha de su otorgamiento o desde la fecha de inicio del cómputo del plazo establecido en el acto de otorgamiento, según sea el caso. La caducidad del poder extingue de pleno derecho el asiento de inscripción respectivo. Operada la caducidad, no se otorgarán certificados de vigencia referidos a dichos poderes”.



Temo que en esta resolución se está confundiendo gruesamente la estipulación de la irrevocabilidad del poder con el poder mismo. En efecto, como la autorizada doctrina nacional sostiene: “la Directiva ha elevado a rango de elemento esencial del acto y de la relación jurídica de representación, lo que no pasa de ser una modalidad accesoria de los actos jurídicos que puede o no, ser agregada al acto respectivo. Modalidad, digo, porque lo que contiene la estipulación de irrevocabilidad es un plazo durante el cual existe una obligación (de no revocar) que causa un derecho para el beneficiario de ella, el cual mientras dura el plazo puede exigir el cumplimiento y que no se revoque”



Es evidente que esta interpretación administrativa (que no es vinculante) debe ser limitada a uno de los tres supuestos que contempla el artículo 153 del C.C. Así, este numeral contempla diversas situaciones, vale precisar, cuando el poder es estipulado:



a) para un acto especial;



b) por un tiempo ilimitado y



c) en interés común del representado y del representante o de un tercero.



La interpretación administrativa solo puede referirse al supuesto planteado en el punto sub b) y no a los demás. Aplicarla, cuando el poder es para un acto especial o en interés común de los sujetos ya mencionados, carece de sentido.